SEGÚN LA INFORMACIÓN QUE OFRECE EL DIARIO EL PAIS.

La policía está investigando la trama de corrupción en la adjudicación de centrales eólicas en Canarias.

Desde hace unos días, el diario EL PAIS ha venido publicando una serie de artículos en la sección de noticias nacionales relacionados con una presunta corrupción en la adjudicación de varias centrales en Canarias.

Según estas informaciones, de las que incluso se ha hecho eco la TV autonómica de Castilla-La Mancha en sus informativos y alguna otra cadena de TV y radio de ámbito nacional, varias personas han ingresado en prisión.

Según EL PAIS (11 de febrero), las investigaciones del grupo IV de la UDYCO (Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado) del Juzgado nº 7 de Las Palmas sobre la trama de corrupción en torno al concurso de centrales eólicas en Canarias ha aportado indicios del presunto pago de comisiones a través de una cuenta corriente abierta en Luxemburgo por Mónica Quintana, compañera sentimental del exdirector general de Industria canario, Celso Perdomo, detenido por la policía acusado de filtrar información privilegiada a una de las empresas licitadoras. La titular de la cuenta, funcionaria del Cabildo Insular de Gran Canaria, también ha sido detenida por la policía. En los desvíos de estos fondos, pendientes de justificar, se hallaría supuestamente involucrado Enrique Guzmán López, según la información policial a la que se refiere este diario. Este empresario, a través de la firma Proyectos Renovables de Canarias, fundada un mes antes de publicarse el concurso público de las centrales eólicas canarias, participó en la competición por la construcción y explotación de las mismas.

Según el periódico, varios inversores madrileños garantizaron a un empresario canario, Wilebaldo Yanes, un 1% del negocio eólico en ciernes a cambio de que les facilitara en Canarias la búsqueda de contactos y los terrenos necesarios para la construcción de las centrales eólicas.

EL PAIS relata que el exdirector general de Industria facilitó información privilegiada a determinados licitadores y se entrevistó con funcionarios responsables de emitir los informes técnicos de la mesa de adjudicación. Por ello fue detenido también un alto funcionario de la Administración canaria, Honorato López Torres, actual jefe del área de la Dirección General de Industria, que ha negado ante el juez haber recibido sobornos y que ha sido acusado de cohecho y tráfico de influencias. Este funcionario sostuvo su inocencia ante el juez arguyendo que él no tenía “capacidad de decisión” en este concurso. Los servicios jurídicos de la comunidad canaria han decidido no prestar su defensa a este alto funcionario.